La Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, es la que la banca estaría violando, según afirmó el diputado Gonzalo Arenas (UDI), luego de conocer el caso de la señora Rosa Hidalgo, quien presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones en contra de cuatro bancos que le negaron un crédito hipotecario aduciendo su “Dicom histórico”, donde se constataba una deuda de 2004.

“Este es un hecho de la mayor gravedad, porque confirma, una vez más, que los bancos se encuentran coludidos para administrar una base de datos paralela e ilegal que se conoce como el Dicom histórico, el que está expresamente prohibido por la ley 19.628 sobre protección a la vida privada”, aseveró el diputado Arenas.

El legislador, que preside la Comisión de Economía de la Cámara Baja, también apuntó sus dardos contra la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), acusando al organismo de “complicidad por omisión” de esta situación.

“Lo más grave es que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras lleva años conociendo de la existencia de este Dicom histórico, sabe de su ilegalidad y, sin embargo, no ha hecho absolutamente nada para evitar que se siga utilizando”, acusó.

A renglón seguido, el diputado Arenas recalcó que “consideramos de la máxima gravedad esta verdadera complicidad por omisión en que ha caído la SBIF”, y explicó que “estudios realizados por el sector inmobiliario señalan que al menos el 35% de las personas que pide un crédito hipotecario, tiene problemas para poder obtenerlo debido a los antecedentes que se establecen en su Dicom histórico”.

“¡No puede ser que por no haber pagado una deuda hace 10 ó 15 años atrás, una persona sea prácticamente un muerto civil para efecto de obtener un crédito!”, aseveró.

En este contexto, el presidente de la Comisión de Economía de la Cámara calificó la situación como “impresentable” y anunció que citará a la instancia parlamentaria al titular de la SBIF, Raphael Bergoeing, y la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. Además, Arenas solicitará al Ministerio de Hacienda “que incluya una sanción específica y drástica contra los bancos que administran el Dicom histórico en el proyecto de ley de deuda consolidada, que hoy se está debatiendo en la Cámara de Diputados”.

¿Qué es el “Dicom histórico”?

Según explicó el diputado Arenas, la Ley 19.628, sobre protección de la vida privada, estableció un periodo de 5 años en donde las deudas se podían mantener en el registro que manejaba el boletín comercial y la Cámara de Comercio, por tanto, en base a ese boletín histórico es que se hacían los análisis de riesgo.

¿Qué ocurrió? Apenas entró en vigencia la ley, los bancos quedaron con la información hacia atrás, y no la eliminaron como debió haber sido, sino que la guardaron y empezaron a compartirla entre ellos para tener los antecedentes más allá de los 5 años que establece la ley.

Para el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Gonzalo Arenas,  “la votación de hoy martes significará un cambio muy importante para el país”.

La nueva normativa establece “tolerancia cero al alcohol, lo que significa que cualquier persona que se suba a un auto, no puede tomar ni siquiera una copa de vino, ni siquiera un vaso de cerveza, lo que implica un cambio cultural muy grande; este cambio nos llama a esforzarnos más para que en Chile definitivamente se acabe la licencia de conducir para matar en estado de ebriedad”.

Gonzalo Arenas destacó que “con esta ley, Chile se pone a la altura de los países desarrollados, contando con una legislación que efectivamente nos permita prevenir la enorme cantidad de accidentes de tránsito que ocurren por culpa de conductores ebrios y que, además, significa la primera causa de muerte entre nuestros jóvenes”.

Artículo pendiente

Según explicó el diputado Arenas, el artículo pendiente dice relación con la incautación del vehículo cuando una persona es sorprendida bajo estado de ebriedad.

Al respecto, el legislador precisó que “este artículo lamentablemente, en la práctica, hacía que la ley no pudiera implementarse adecuadamente, porque en el caso de la fiscalización en el Región Metropolitana, muchas veces son detenidas 300 ó 400 personas durante un fin de semana, y eso significa retener la misma cantidad de vehículos. Obviamente, Carabineros no tiene la capacidad de almacenar esa cantidad de vehículos o de implementar un lugar para ello, ni menos los funcionarios para trasladar los vehículos”.

Para la revisión de esa parte del proyecto, Gonzalo Arenas pidió “la máxima celeridad posible”. “Hay un compromiso de la Cámara de despachar este proyecto antes del 31 de enero y, por lo tanto, vamos a trabajar en razón de poder despachar este proyecto a más tardar la próxima semana desde la Cámara para que llegue entre el 30 y el 31 al Senado”.

¿Qué dice el proyecto?

El parlamentario gremialista destacó que la nueva ley busca bajar la norma actual de 1 gramo por litro de sangre a 0,8, y la influencia del alcohol de 0,5 a 0,3. Además, contempla el aumento de las penas; retiro de licencia de por vida a quien mata producto del manejo en estado de ebriedad y el retiro de licencia por años a quien conduce en esas condiciones.

A esto se suma la disposición de alcotest a todos los carabineros de tránsito y la aplicación de políticas comunicacionales masivas de educación sobre los efectos del alcohol al conducir.

Con la presencia en las dependencias del Club de Rodeo de Capitán
Pastene del  Subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Flores, la
semana pasada, fue sellada la concreción de la Ampliación y
Mejoramiento del recinto del casino.

En la oportunidad el personero de gobierno, acompañado del diputado
Gonzalo Arenas y del Consejero Regional, Alejandro Fuentes, estos
últimos importantes gestores del proyecto, confirmaron la aprobación
de los 50 millones de pesos que se invertirán para mejorar el recinto.

Flores destacó que está es su tercera visita a Malleco y la segunda a
la comuna de Lumaco “en la Subdere tenemos la misión de estar siempre
en terreno para conocer y apoyar iniciativas como esta, dado que no
solo implica las practica del rodeo, sino del uso comunitario de sus
dependencias y ello hace fuertemente rescatable esta iniciativa”.

El diputado Arenas agradeció la visita y compromiso del Subsecretario
para con la provincia “cada vez que he tenido que entregar y discutir
con Miguel Flores sobre proyectos de la zona que represento ha tenido
la mejor disposición para estudiar y comprometer los apoyos técnicos
incluso para concretarlos, recuerdo que la primera audiencia como
autoridad de gobierno nos la dio al alcalde Neira de Angol y a mí para
ver temas de reconstrucción por temas del terremoto”.

Finalmente el Consejero Regional de la Araucanía, Alejandro Fuentes,
agradeció la presencia de la autoridad gubernamental en la Malleco a
fin de apoyar esta iniciativa y otras de la zona que motivaron la
presencia de Miguel Flores en Capitán Pastene, “con el diputado Arenas
nos une una relación de trabajo en común por la provincia y en ello
uno debe valorar y trabajar juntos por nuestras comunas”

Respondiendo a una invitación del diputado por la zona, Gonzalo Arenas, el subsecretario de Desarrollo Regional SUBDERE, Miguel Flores visitó la semana pasada la localidad de Pailahueque en la comuna de Ercilla, en donde constató los avances en el proyecto de alcantarillado que se construye en el lugar.

La iniciativa, financiada por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, a través del programa de Mejoramiento de Barrios de la SUBDERE, significa una inversión que supera los $2.403 millones, y que beneficia a una centena de habitantes de una de las comunas más pobres de nuestro país.

“Es gratificante para nosotros como Gobierno, y para mí como Subsecretario, ver cómo obras tan importantes como éstas avanzan progresivamente para mejorar las condiciones y la calidad de vida de cientos de habitantes”, comentó la autoridad de la Subsecretaría de tras realizar un recorrido por el lugar junto al diputado Gonzalo Arenas, el alcalde de Ercilla, José Vilugrón y vecinos del sector.

TERRENOS EN ERCILLA

En el marco de su visita a la comuna de Ercilla, el Subsecretario Miguel Flores, junto al diputado Arenas, anunciaron la adquisición de dos terrenos para la construcción de viviendas sociales, tras gestiones realizadas por el parlamentario

La iniciativa, que será financiada a través del Programa de Mejoramiento de Barios, dependiente de la SUBDERE, significa una inversión de $53 millones, beneficiando así a 90 familias de la comuna.

Presidente de la Comisión de Economía de la Cámara Baja señala que estudiarán la posibilidad de darle más atribuciones a este organismo para combatir las prácticas anticompetitivas en los mercados. El próximo martes se definirá cuando se cita nuevamente a la Asociación de Supermercados por acusaciones de colusión.

Más de una explicación deberá dar la Asociación de Supermercados (Supermercados de Chile) a la comisión de Economía de la Cámara de Diputados la próxima semana. Y es que la intención de citar a los representantes gremiales del sector, debido a la investigación por colusión de precios en el mercado de los pollos, ahora se profundizó por la investigación iniciada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) a las 4 empresas supermercadistas por otros eventuales acuerdos de precios.

Para el diputado Gonzalo Arenas (UDI), presidente de la comisión de Economía, el trabajo realizado hasta el momento por la FNE es “sorprendente”, aunque advierte que el organismo “todavía es un ente bastante pequeño”, pues cuenta con muy pocos recursos para arreglárselas con todas las tareas que enfrenta en los últimos años, por lo que señala que debe poner atención en este punto.

SUPERMERCADOS Y COLUSIÓN

El miércoles escucharon en la comisión al fiscal económico por el tema de los pollos, justo cuando la fiscalía incautó material en las casas matrices de 4 empresas de supermercados, ¿Cómo analizan lo sucedido?

-Fue una acción muy propositiva por parte del fiscal económico, que está haciendo un buen trabajo y no hay que sorprenderse de que existan estas prácticas anticompetitivas. Por eso tenemos un sistema para velar por la libre competencia. Lo malo sería que no se descuidara este tipo de hechos, sino que se deben destapar para tener un mercado más sano y constructivo que privilegia más al emprendedor.

¿Cuándo citarán a la Asociación de Supermercados para ver esta investigación que la pone nuevamente bajo la lupa?

-Lo vamos a proponer el  próximo martes en la comisión porque todavía hay que acordarlo. Espero que haya acuerdos porque pueden ser elementos muy importantes para la comisión pueda dar acuerdos significativos a la comisión de expertos llamados por el Presidente Piñera para perfeccionar el sistema de libre competencia.

¿Qué le parece que el fiscal Felipe Irarrázabal se haya inhabilitado del caso supermercados por haber asesorado con anterioridad a Cencosud (dueño de Jumbo y Santa Isabel)?

-Fue muy transparente de su parte y destaca aún más el profesionalismo de cómo se están haciendo las cosas en la Fiscalía Nacional Económica.

CONSUMIDORES

¿Está de acuerdo en que se indemnice a los consumidores que son afectados por la colusión de precios?

-Eso se puede estudiar, pero ahora lo más importante es ver cómo podemos hacer bien condenar a las empresas y tener una mayor capacidad para investigarlas. Una vez que tengamos resuelto esto, ahí podremos ver el tipo de indemnizaciones al consumidor.

Las asociaciones de consumidores piden tener una mayor participación e injerencia en los temas que revisa la Fiscalía, ¿Cree que se pueda hacer algo al respecto desde el Congreso?

-Si. De hecho en el presupuesto aumentamos los fondos destinados a realizar proyectos de las asociaciones, así que son bienvenidos todo lo que ayude a la libre competencia desde el punto de vista social.

FORTALECIMIENTO FNE

Entonces la comisión debería proponer el fortalecimiento de la Fiscalía Nacional Económica.

-Lo principal es ver cómo aumentar la capacidad fiscalizadora de la Fiscalía, dotarla de mayores herramientas y asegurar la prevención de este tipo de hechos.

Pero en el 2008 ya se hicieron cambios a este organismo, ¿Cree que se puede perfeccionar aún más?

-Por supuesto. Si bien creemos que es un buen sistema, podemos hacer más. La Fiscalía apenas tiene cien funcionarios y un presupuesto de 8 millones de dólares, o sea todavía es un ente bastante pequeño, por lo que se puede hacer mucho más todavía en medios de prueba, ya que las formas de atentar contra la libre competencia siempre van cambiando y se van haciendo más sofisticadas, por lo que son más difícil de percibir.

El parlamentario sostuvo que “como gobierno estamos cumpliendo el mandato que nos estregó la ciudadanía en cuanto a tener una mano firme contra quienes quebrantan la ley, y vamos a perseverar en ese camino”.

En este sentido, el diputado mallequino llamó a los jueces y a los fiscales a “evaluar en su mérito la propuesta que la UDI ha hecho para avanzar en esta materia”.

Puntualizó que “nuestro proyecto no es contra los jueces o contra los fiscales, por el contrario, entendemos que ellos son pilares fundamentales del sistema penal y por lo tanto los cambios tenemos que hacerlos en conjunto”.

Por tal razón pidió a los actores que tienen responsabilidad en la aplicación de justicia a “terminar con esta lógica de enfrentamiento y división, porque eso transmite una imagen de debilidad ante los antisociales que no podemos permitir”.

Gonzalo Arenas recalcó que “es el momento de dar una señal de unidad y transmitir a los chilenos que el Estado va a ser riguroso en la persecución de quienes cometen delitos contra las personas”.

El diputado UDI insistió en que “no podemos permitir que los delincuentes avancen porque ven en los organismos responsables de aplicar justicia indecisión y división”.

Una invitación formal a la Asociación de Supermercados y a los representantes de las principales cadenas –Cencosud, Wallmart, Unimarc y Tottus- será extendida por la Comisión de Economía, a solicitud del titular de la instancia, diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Gonzalo Arenas, con el fin de que dichos organismos detallen su relación con las empresas productoras de pollo, que de acuerdo a una investigación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) han operado coludidas durante los últimos 10 años.

“Nosotros tenemos serias sospechas de que el nivel de colusión en el mercado del pollo pueda abarcar más allá de lo que son los propios productores”, dijo Arenas, puntualizando que “es casi imposible creer que un sistema que durante 10 años se ha coludido en la venta al por mayor de pollos en Chile no haya tenido al menos la participación tácita de los grandes distribuidores del país”.

En esta línea, Arenas puntualizó que “las últimas actuaciones de la Fiscalía Nacional Económica concuerdan con esto, por lo que como Comisión de Economía queremos recabar antecedentes, porque consideramos que podemos hacer un aporte importante para evitar la ocurrencia de casos como éste”.

Esta determinación fue informada por el legislador luego de escuchar en la Comisión al ministro de Economía, Pablo Longueira, y al titular de la FNE, Felipe Irarrázabal, autoridades citadas por los diputados UDI tras estallar el escándalo del llamado “cartel de los pollos”.

Claro que, tras conocerse la investigación que la FNE está realizando a las grandes cadenas de supermercados, las sospechas de que éstos hayan tenido conocimiento de la colusión en el mercado de los pollos aumentaron para los parlamentarios, según dijo Arenas.

“Si hay sospecha sobre la carne y los detergentes, con mayor razón debe haber sospechas en la distribución y en la venta del pollo en Chile”, sostuvo.

Invitación a la APA y a las empresas de pollos

El diputado Gonzalo Arenas dijo, además, que la Comisión de Economía también invitará a la Asociación de Productores Avícolas (APA) y los representantes de las empresas involucradas en el cartel: Agrosuper, Ariztía y Don Pollo.

“Tenemos un compromiso claro con la justicia y con el fortalecimiento de la seguridad” sostuvo el diputado por Malleco, Gonzalo Arenas, al comentar la agenda Antidelincuencia que el senador y presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, entregara este fin de semana al Ministro del Interior.

Para el parlamentario es necesaria una Reforma al Ministerio Publico, “especialmente una Fiscalía con nuevos criterios, con rendición de cuentas y cerca de las víctimas, por ello nuestra propuesta se hace cargo del revisar el actual sistemas de archivo de las causas criminales, dado que el actual sistema de archivo, al ser considerado un buen indicador de gestión, plantea incentivos que resultan errados” enfatizo Arenas.

La propuesta de 14 puntos  plantea una modificación a la actual sistema penal juvenil, de acuerdo al documento se sostiene que: “A estas alturas, parece innegable que la reforma penal juvenil, promulgada hace 6 años, no ha cumplido con los objetivos planteados, ya que la prevención es débil, la rehabilitación casi inexistente, y lo que es más grave, la delincuencia juvenil y su reincidencia siguen a ritmos gravísimos”.

Sin embargo, dichos avances no van de la mano con la conciencia de parte importante del empresariado de considerar, en su fuero interno, que los atentados a la libre competencia constituyen un delito “real”, moral y legalmente reprochable.

Es más, en Chile tenemos una cultura empresarial que incluso manifiesta justificaciones “morales” para atentar contra la libre competencia, pues muchos empresarios sienten que ofrecen un buen producto o servicio, de buena calidad y a un precio razonable.

La mayoría de ellos trabaja mucho y sienten que cumplen un rol para el país de una importancia suprema: ellos dan trabajo a miles de familias. Gracias a ellos, el país habría elevado ostensiblemente el nivel de vida de todos los chilenos en los últimos 30 años.

Es por lo anterior que uno puede ver en el requerimiento que presentó la Fiscalía Nacional Económica en contra del llamado “cartel de los pollos”, declaraciones de gerentes de dicha industria, que justifican sus acciones señalando que sólo  buscaban “un desarrollo razonable del sector”.

Este punto es lo especialmente grave en nuestro sistema de protección de la libre competencia.  Muchos empresarios en Chile ni siquiera son conscientes de que los atentados a la libre competencia sean un delito de “verdad”. Si bien saben que está sancionado, ni siquiera consideran que tenga la misma “sanción moral” que cualquier otro delito. No tienen conciencia moral de lo ilícito o criminal de dichos actos.

Es más, estoy seguro que muchos de los actuales miembros del llamado “cartel de los pollos” se deben sentir injustamente tratados por la prensa y las autoridades. Ellos a la palestra como unos vulgares delincuentes… ¡Por favor! Ellos que entregan pollos de calidad, a buen precio, dan empleo, generan riquezas para el país. ¡Que injusticia!

Cuando no existe esa conciencia moral de lo ilícito, se avanza cada vez más permitiendo actividades anexas que también se justifican con “permitir un desarrollo razonable del sector”. Así se aprecia en los antecedentes que aparecen en el mismo requerimiento de la FNE, que señala que estas mismas empresas, ante la obligación (a partir de 2009) de rotular las cantidades de agua y sal en sus productos, acordaron (se coludieron) en rotular con la expresión  “contiene  hasta un 15% de marinado”, para no tener que competir tampoco en dicho aspecto.

A esto se suma otro argumento: somos una industria chilena, si no nos organizáramos, estaríamos inundados de pollos “extranjeros” y así, en base a defenderse de “las grandes cadenas internacionales” es que en los últimos 20 años no ha ingresado ningún actor nuevo al mercado. Es decir, han conformado, además, un club cerrado a cualquier desafiante incluso chileno.

Es tal la inconsciencia de muchos de nuestros empresarios sobre la ilicitud de esos atentados a la libre competencia, que lo más probable es que si interrogáramos en un cuartel policial a alguno de los gerentes del “cartel de los pollos” y lográramos mostrarle lo inmoral y delictual de lo ocurrido, no faltaría alguno que dándose cuenta por una vez de la realidad, dijera: “Sí, comprendo. Quién lo diría…. ¡¡¡Estos pollos vivarachos!!!”.

Para el diputado Gonzalo Arenas el texto despachado por la Corporación constituye “un cuerpo estructurado de normas que dejan a Bomberos como un servicio de utilidad pública, con un rango y un reconocimiento ante la ley y ante la institucionalidad chilena como el que no había tenido en más de 160 años”, acotó.

Esto, pues la iniciativa establece que los Cuerpos de Bomberos y la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile constituirán el Sistema Nacional de Bomberos, servicio de utilidad pública, cuyo objetivo será atender las emergencias causadas por la naturaleza o el ser humano, tales como incendios y accidentes de tránsito, entre otras, sin perjuicio de la competencia que tengan otros organismos, ya sea públicos o privados.

Tras destacar “el trabajo de todas las bancadas para consensuar este proyecto”, los parlamentarios gremialistas subrayaron que “desde hace mucho tiempo que se hacía necesaria una legislación que velase por la optimización del funcionamiento del Cuerpo de Bomberos, y eso es justamente lo que hace esta ley marco”.

El diputado Arenas destacó que “esta nueva ley permitirá que el Estado tenga una planificación efectiva respecto del Sistema Nacional de Bomberos, a través del Ministerio del Interior, lo que se traducirá en una mejor coordinación a nivel operativo y práctico”.

“Bomberos es por lejos una de las instituciones de mayor prestigio en el país, y necesitaba un marco legal que le permitiese mejorar su funcionamiento, de manera que -junto a diversos representantes de los voluntarios- trabajamos en este gran proyecto que traerá justicia, orden y eficiencia al servicio bomberil”, concluyó el diputado Arenas.

El proyecto surgió luego de varios meses de trabajo de la Comisión Especial de Bomberos, creada en la Cámara en agosto del año pasado. En dicha instancia participaron los diputados de la UDI Sergio Bobadilla, Gustavo Hasbún, Iván Norambuena, Jorge Ulloa, Enrique Van Rysselberghe y Carlos Vilches