Arenas señaló que en primer lugar, queremos resaltar la inmensa importancia de la investigación realizada por la Fiscalía Económica en el tema del precio de los medicamentos. Ponerse de acuerdo para subir los precios es una práctica absolutamente inaceptable, que condenamos con la mayor energía. El comportamiento monopólico es uno de los atentados más graves al bienestar de los consumidores, de las familias, y debe ser perseguido y sancionado donde quiera que se presente con el máximo rigor de la ley.

Sin embargo, agregó, “con la misma fuerza, deseamos afirmar que debemos esperar con tranquilidad los resultados de las investigaciones de los Tribunales y las sentencias definitivas que se dictarán a partir de esas investigaciones. En Chile nadie es culpable hasta que así lo hayan determinado los Tribunales de Justicia. Debemos cuidar este principio fundamental de un Estado de Derecho”.

El parlamentario indico además “esperamos que esta investigación y el escándalo y la indignación que ha generado, sea un poderoso freno a cualquier tentación futura de conductas monopólicas en otras áreas de la economía. En economías pequeñas como la chilena, la colusión entre empresas es mucho más fácil, por lo que la Fiscalía Nacional Económica debe contar con las atribuciones y con los recursos para prevenir y sancionar este tipo de conductas”

Por otra parte, Arenas señaló que queremos asegurar a todos los chilenos el acceso a medicamentos buenos y a precios bajos, por lo que se debe avanzar con urgencia en las siguientes medidas:

1. La Fiscalía Nacional Económica debe investigar las inmensas y aparentemente injustificadas diferencias de precios cobrados por los laboratorios a Cenabast (Central Nacional de Abastecimientos), en relación a las grandes farmacias y a las farmacias pequeñas. Las diferencias de precios son mucho más altas que lo que podría justificarse por volumen y por lejanía. Los altos precios que se cobra a las farmacias pequeñas perjudican especialmente a personas que viven en zonas rurales. Por ello, solicitamos a la Fiscalía Nacional Económica que inicie una investigación para determinar por qué existen estas diferencias enormes de precios.
2. Todos sabemos que hay fármacos de marca que tienen exactamente los mismos componentes activos que medicamentos genéricos, pero que cuestan 10 a 20 veces más. En EEUU y en Europa se han realizado estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad, y existen listas públicas de los fármacos que son intercambiables, es decir, que se pueden reemplazar sin comprometer los resultados en el paciente. El Instituto de Salud Pública debe publicar en su página Web estos estudios, y debe señalar claramente qué medicamentos son intercambiables, para que las personas puedan escoger el que le acomode a su presupuesto y a sus preferencias.
3. Deben estudiarse las prácticas sobre regalías que ofrecen los laboratorios a los médicos que recetan sus productos. Es conocido que muchos laboratorios “premian” a los médicos con viajes a seminarios en el extranjero cuando recetan sus productos. Esto es una práctica absolutamente inaceptable, puesto que el paciente debe tener la tranquilidad que se le está recetando un producto porque es el apropiado, y no porque le reporta un beneficio económico a su médico.

“Parlamentarios de la Alianza han pedido esto al Ministerio de Salud y al Instituto de Salud Pública desde hace al menos 6 años. Cada año durante la discusión de la Ley de Presupuesto, solicitamos lo mismo y hasta hoy nada se ha hecho. ¿Por qué? Es inaceptable que las personas no sepan qué fármacos son intercambiables, y terminen pagando por la marca varias veces más que lo que cuesta un genérico absolutamente equivalente”

Arenas agregó que en lugar de crear una cadena de farmacias del Estado, como han sugerido algunos personeros de la Concertación, se estudie seriamente y en un plazo de no más de 30 días por parte del Ministerio de Salud, la posibilidad de que los remedios de uso frecuente que no requieren de receta médica, puedan ser vendidos en supermercados y almacenes calificados. Esto se hace en varios países desarrollados desde hace muchos años sin mayores inconvenientes y permite en forma rápida introducir mayor competencia en el mercado de los remedios de uso frecuente. Además, nos ahorramos las posibles pérdidas de la farmacia estatal gestionada por los ejecutivos políticos de la Concertación

Para finalizar, el diputado Arenas señaló que la UDI apoyará todas las medidas de nuestras autoridades orientadas a evitar que se repitan delitos como los presuntamente cometidos por las tres cadenas de farmacias y, en este caso concreto, aspira a que sobre los responsables caiga todo el peso de la ley, como una medida ejemplificadora para desincentivar este tipo de conductas que tanto perjudica a los consumidores, especialmente a la clase media y a los más pobres.