La Fiscalía Nacional Económica (FNE) acogió la denuncia realizada por el diputado UDI Gonzalo Arenas, quien el pasado 12 de julio presentó una serie de antecedentes por supuestos cobros abusivos de Redbanc y Transbank por concepto de comisiones a los clientes en las operaciones con tarjetas de débito y crédito y uso de cajeros automáticos.

Así lo informó el propio legislador -también presidente de la comisión de Economía de la Cámara de Diputados- quien destacó que el hecho que la FNE inicie una investigación es una demostración de la poca transparencia que existe en dicho mercado.

“La Fiscalía ha solicitado antecedentes a ambas empresas y vamos a mandar desde la Cámara de Diputados un oficio para que exija especialmente a Redbanc transparentar el sistema de cobros por el uso de sus cajeros entre sus propios miembros, cuáles son las tarifas que se establecen, las diferencias entre ellas, cuál ha sido el comportamiento en el tiempo de esos cobros y si ese sistema constituye o no un abuso de posición dominante”, explicó Arenas.

Paralelamente, el diputado gremialista indicó que en dicho oficio incorporará los nuevos datos conocidos en este tema -publicados por Diario Financiero el pasado miércoles- y que apuntan a diferencias de criterio en la determinación de las comisiones por parte de Redbank según el banco de que se trate, ya que es una situación que afecta a todos los consumidores. 
“Sin duda que la pugna que hoy existe en los cobros de tarifa por el uso de red de cajeros automáticos que está colocando en conflicto a la industria bancaria fundamenta una nueva evidencia de lo poco competitivo que resulta el sistema de sociedades de apoyo al giro bancario, que termina afectando a la oferta pública de cajeros automáticos en Chile. Al final del día los que terminan pagando esos costos no son los bancos, no son los socios de Redbanc, sino que son los consumidores”, recalcó.

El parlamentario gremialista acusó a dichas empresas de abuso de posición dominante, por lo que solicitó que la Fiscalía Nacional Económica inicie una investigación.

A través de un documento de 10 carillas, el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Gonzalo Arenas expuso al Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, los antecedentes con que acusa a las empresas Redbanc y Transbank de cobros abusivos y de ejercer abuso de posición dominante.

El diputado Gonzalo Arenas, en su condición de integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara presentó -este Miércoles- ante el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, una petición que busca establecer la legalidad de determinadas disposiciones en el reglamento que regula las características y condiciones de la neutralidad de la red en el acceso a Internet”. Texto legal que se encuentra sujeto a toma de razón en el órgano contralor.

El parlamentario que es autor de ley conocida como de “neutralidad de red”, explicó que se trata de modificar y no rechazar el reglamento “buscamos precisar determinados alcances, que bien pueden generar distintas interpretaciones y con ello pierda eficacia la norma legal que establece importantes derechos a los usuarios de la red de internet”.

“Hemos sido pioneros en el mundo en esta legislación y en nuestro concepto una mala redacción o quizás poco precisa, puede tirar por la borda los avances obtenidos luego de 4 años de discusión en el parlamento. Los proveedores de acceso (las compañías de telecomunicaciones) podrán bloquear contenidos e interferir en la forma en que se genera la conexión a internet siempre y cuando se lo comuniquen a los usuarios a través de la publicidad, eso va en sentido inverso a los derechos que nos da la neutralidad” agregó Arenas.

El parlamentario de la región de la Araucanía en la audiencia fue acompañado por el Director de la ONG NEUTRALIDAD SI, José Huerta Estrada (www.neutralidadsi.org), movimiento que participó activamente en la difusión de la necesidad de la Neutralidad.

El reglamento, en actual tramitación en Contraloría, consta de doce artículos dispositivos, entre los cuales se recogen solo algunas de las obligaciones a las que estarán sujetos los ISP, esto es, las obligaciones de publicidad respecto de las cualidades y calidades de sus productos.

Si bien es un tema bastante importante, la parte más compleja del reglamento – y por lejos la más relevante – es aquella que debe señalar las actividades que serán consideradas como contrarias a la Neutralidad en la Red, así como también contrarias a la libertad para acceder y utilizar contenidos y servicios en Internet, puntualizó José Huerta.

De acuerdo a lo planteado por ambos personeros, con el Reglamento que se aprobaría los ISP podrían realizar actos de bloqueo, interferencia, degradación, etc., – considerados totalmente ilegales y señalados expresamente en la ley – siempre y cuando avisaran a los usuarios de dicha situación, a través de su página web o en la publicidad de los productos.

El diputado Gonzalo Arenas dio a conocer que mediante informe de la Contraloría General de la República, se confirmaron diversas irregularidades en el Hospital de Collipulli. Lo anterior señaló el parlamentario tras realizar la correspondiente presentación a la entidad fiscalizadora.

Arenas indicó que la investigación dice relación con el manejo de recursos públicos provenientes de los programas Chile Crece Contigo, Programa de Altas integrales Odontológicas; el Programa Hombres y Mujeres de escasos recursos y el Programa de Extensión Horaria.

El programa Odontológico y el dirigido a personas de escasos recursos es financiado por el Servicio de Salud Araucanía Norte y es desarrollado por el Hospital de Collipulli y el Departamento de Salud de la Municipalidad de dicha comuna y buscan la atención de prestaciones dentales, según necesidad de la población beneficiaria.

El parlamentario mallequino explico que el informe de Contraloría establece que en el caso del Programa de altas Integrales Odontológicas, (realizados en hospital de Collipulli y por el departamento de salud municipal de Collipulli) cuya ejecución debía terminar con la atención integral de 61 pacientes. Sin embargo se detecto que con los recursos para esas atenciones se compraron insumos que no correspondían tales como 2 sillones dentales y un atraso en el programa, además de la deficiente atención brindada a los pacientes y muchos de los cuales fueron atendidos en horarios de la jornada laboral de los especialistas, pero en sus consultas particulares.

El diputado Arenas agregó que Contraloría estableció además diversas irregularidades en el programa chile crece contigo “en donde se detectaron gastos por cerca de dos millones de pesos sin rendir, en el caso del Programa de extensión horaria: en este programa se pagaron horas extras a profesionales que no correspondían, pues no fueron realizadas”.

“al margen de las cifras de recursos involucrados, lo grave es la burla que se hace de gente modesta, quienes buscaron superar sus problemas dentales y más bien fueron afectados aun más por la demora y la calidad de los tratamiento realizados” sentenció el diputado Arenas.

El parlamentario pidió celeridad al Servicio de Salud Araucanía Norte en los sumarios que deben realizarse. Tal como lo dispuso el órgano contralor.

Estos son los argumentos que se repetían constantemente en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados mientras estudiábamos el proyecto que crea el Sernac Financiero.

Pero como una ley inexorable de la vida, al final del día la realidad siempre se impone. La última polémica por las llamadas “ventas atadas” (una circular de la SBIF de 22 septiembre las prohibía y posteriormente otra circular del 15 de noviembre las vuelve autorizar) en créditos hipotecarios ha demostrado, una vez más, la débil protección del consumidor financiero en nuestro país, más todavía cuando ésta sólo depende de una autoridad administrativa como la SBIF.

Esta posibilidad de cambiar una normativa de un día para otro, sin consulta a todos los afectados y sin posibilidad real de dejarla sin efecto por parte de la ciudadanía, demuestra que en materia de protección del cliente financiero hay mucho camino por recorrer.

Todas estas normas de origen administrativo, que muchas veces se prefieren por ser realizadas por los “técnicos”, sin los “defectos” de la labor parlamentaria, se hacen sin control ciudadano y, por eso, tenemos los resultados vistos en las “ventas atadas” por la SBIF, con lo cual se resalta nuevamente el valor de “la ley”.

Todas estas normas de origen administrativo, que muchas veces se prefieren por ser realizadas por los “técnicos”, sin los “defectos” de la labor parlamentaria, se hacen sin control ciudadano y, por eso, tenemos los resultados vistos en las “ventas atadas” por la SBIF, con lo cual se resalta nuevamente el valor de “la ley”. Y es que a pesar de todas las imperfecciones que el proceso parlamentario pueda tener, es abierto, todos los interesados o afectados pueden participar, a diferencia de las resoluciones de autoridades administrativas en donde uno nunca sabe bien a quién le preguntaron o cuáles son las influencias de sus normas. En los procesos legislativos, en cambio, aunque tienden a ser más lentos (algo que los “técnicos” ven como un defecto), las audiencias son públicas, los invitados conocidos y todos deben hacerse cargo (para bien o para mal) de sus votos y sus comentarios en el proceso de votación.

Así también, en lo que se llama la “historia fidedigna de la ley”, uno puede pesquisar todos los argumentos e impulsores de cada una de las normas y, por tanto, todas ellas tienen “origen conocido” y “padres legítimos”, cosa que es muy difícil de encontrar en las regulaciones administrativas.

Por eso, a pesar de sus defectos, el proceso parlamentario y la ley son los mejores mecanismos para regular y establecer derechos en beneficio de los ciudadanos.

Los “técnicos” argumentaran que la ley hace muy rígido el sistema financiero. Bueno, efectivamente no tiene la flexibilidad (argumento preferido por los economistas) de las normas administrativas que se pueden modificar en cualquier momento (la SBIF lo demostró), pero otorgan mayor seguridad jurídica (valor siempre defendido por los abogados).

En este round, al parecer, ganaron los abogados, porque la seguridad jurídica es un valor fundamental y el caso de las “ventas atadas” lo confirma una vez más.

La buena noticia, es que actualmente el Congreso se encuentra discutiendo la creación del llamado Sernac Financiero (Boletín 7094-03), que establece entre otras normas:

1. La forma en que los contratos de adhesión deben ser extendidos, estableciendo además un “sello Sernac” que certifique que los contratos cumplen con los requisitos de protección al consumidor.

2. La prohibición de ofertas excesivamente agresivas de productos financieros, como la emisión y envío de productos o contratos no solicitados a los domicilios de los clientes y la oferta directa de productos financieros en la vía pública, en espacios y recintos educacionales o de concurrencia habitual de adultos mayores.

3. Amplía la obligación de entrega de información a los organismos fiscalizadores por parte de las instituciones financieras.

4. Establece la obligación de dictar cuatro reglamentos: (i) sobre información al consumidor de tarjetas de crédito bancarias y no bancarias; (ii) sobre información al consumidor de créditos hipotecarios; (iii) sobre información al consumidor de créditos de consumo, y (iv) sobre la forma y los medios para constar las condiciones de otorgamiento y renovación del sello Sernac.

5. Se crea una división de mercados regulados y en ella el departamento de protección al consumidor financiero.

6. Se establece la existencia de ministros de fe que podrán certificar los incumplimientos a la ley de protección al consumidor.

A lo anterior, y producto de la circular de la SBIF, habrá que agregar, sin duda, la prohibición de ventas atadas en los créditos hipotecarios.

El proyecto puede no ser el óptimo esperado, pero sí constituye el avance más significativo de los últimos años en materia de protección al consumidor financiero. Y lo más importante: muchos de los derechos de los consumidores financieros, a partir de ahora, estarán por fin resguardados en la ley.

“Entiendo que se pida más, yo espero que sea de más de un 4%, lo más que se pueda dentro de esa lógica, pero que no le quepa duda de que al final vamos a estar todos en la misma línea”, sostuvo.

Asimismo Gonzalo Arenas llamó a que, durante el debate en el Parlamento, “prime el sentido común, por sobre la demagogia” y “seamos capaces de aprobar un reajuste que permita mejorar las condiciones de vida de todos los chilenos y sentar las bases de un crecimiento más duradero en el tiempo”.

Luego de que se diera a conocer que todos los chilenos podrán acceder a su certificado de antecedentes desde cualquier computador sin tener que acercarse hasta una oficina del Registro Civil, el diputado por la Provincia de Malleco, Gonzalo Arenas, valoró la inclusión de medidas tecnológicas encaminadas a desburocratizar los trámites en las oficinas públicas del país, señalando que medidas como estas, “facilitarán la vida a millones de chilenos”.

Con esta nueva herramienta tecnológica, según estableció el ministro de Justicia Felipe Bulnes y el Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCEI) Cristián Behm, se espera evitar traslados en la población, agilizar el trámite y bajar la afluencia de público en las oficinas de la institución, destacando que la herramienta tecnológica permitirá aumentar sustancialmente las más de 2 millones 300 mil diligencias en línea que realiza el organismo a través de la plataforma.

Ante este escenario, las autoridades hicieron un llamado a utilizar los servicios de la oficina virtual del Registro Civil, la que en la actualidad permite acceder al 13% (3 millones de actuaciones) de los trámites que se realizan ante la institución, entre éstos, certificados de matrimonios, de defunción, e inscripción de vehículos.

Sobre esta medida, el diputado Gonzalo Arenas, señaló: “Estamos en presencia de una gran iniciativa, el Gobierno ha puesto especial énfasis en desburocratizar los trámites que como ciudadanos tenemos que hacer en las oficinas públicas, por lo que desde luego es muy buena noticia para quienes buscan trabajo y permanentemente les están solicitando este tipo de certificados”.

Arenas agregó que: “La manera de solicitarlo resguarda la intimidad de la información que se encuentra dentro de esos registros. Además, por el modo que operará esperamos que esto se traduzca en una disminución de su costo, ya que se va a necesitar una cantidad menor de funcionarios para elaborar dichos certificados. Esperamos también que en otras reparticiones públicas se tomen estas mismas medidas, ya que todo lo que apunte a desburocratizar el sistema público es muy bienvenido”.

La clave Internet tendrá un valor de $1.050 pesos, proyectando el Registro Civil la entrega de unos 40 mil certificados mensuales en lo que resta del año 2010.

Tras una extensa reunión con vecinos de Villa Trintre, en la comuna de Los Sauces, el diputado Gonzalo Arenas, comprometió la petición ante la Subsecretaria de Desarrollo Regional, de la elaboración de un informe y una detallada visita a terreno de las obras de mejoramiento del alcantarillado. Lo anterior por expresa petición de integrantes de la Junta de Vecinos, quienes manifestaron al parlamentario “dudas frente al estado, forma y calidad de los trabajos”.

Arenas indico que “anteriormente recibí información de parte de un grupo de vecinos en una actividad para el pago de pensiones, y con ellos establecimos reunirnos con ellos y ver en terreno parte de los trabajos. Siento que las aprensiones expresadas son legitimas y como no manejo los aspectos técnicos de una obra de la envergadura de lo que se realiza, definimos que mediante oficio pediremos a la SUBDERE un informe pormenorizado del estado real de los trabajos” expresó.

De acuerdo a cifras disponibles en la página web del municipio de Los Sauces, la inversión en Villa Trintre alcanza a los 1.160 millones de pesos y contempla la construcción de 98 Casetas Sanitarias, Alcantarillado Público, Mejoramiento de Agua Potable, Planta de Tratamiento de Aguas Servidas y pavimentación de 1000 metros de calles.

La iniciativa, promovida por el Ministerio de Economía, busca crear una unidad especializada del Sernac, cuyo rol será fiscalizar a las instituciones que otorgan créditos y seguros en lo referente a su funcionamiento y relación con sus clientes.

En este sentido, Arenas enfatizó que “por fin se va a acabar en Chile la impunidad con que los bancos y las casas comerciales realizaban prácticas abusivas y engañosas en contra de los consumidores”.

Esto, porque según el parlamentario se va a centralizar la regulación de la información financiera a través de reglamentos que va a dictar el mandatario, a propuesta del Sernac.

Arenas aclaró que esta unidad especializada “no se va a topar ni con la Superintendencia ni con la normativa del Banco Central, porque va a estar por sobre éstos. Los reglamentos que dicte el Sernac financiero van a tener mayor valor que las circulares o instructivos de la Superintendencia y que el compendio de normas financieras del Banco Central”, apuntó.

De acuerdo al gremialista, la relevancia de este organismo está asociado a que en Chile, al menos dos tercios de los hogares es un consumidor financiero, es decir, “más de dos millones y medio de familias tienen relación con la banca o con el retail. Esas familias, en gran parte, incluso sin darse cuenta, estaban siendo engañadas por prácticas reprochables”.

En esta misma línea, recordó que “el 27% de las denuncias que recibió el Sernac el año pasado vinieron del mundo financiero, lo que encendió una luz de alerta que se pretende enfrentar con esta nueva institución”.

“ésta es una gran noticia para los consumidores chilenos, pero es una muy mala noticia para la Asociación de Bancos y para la asociación del retail, que se habían acostumbrado a abusar en forma impune”. Dijo finalmente el parlamentario por la región de la Araucanía.

Con el propósito de mejorar el actual sistema de sanciones, promoviendo mejores prácticas en el mercado de los combustibles, un grupo de diputados de diversos partidos ingresó de un proyecto de ley que instaura la clausura por plazos mayores a quince días, de aquellos establecimientos que comercialicen dichos productos y los adulteren.

De acuerdo al Diputado Gonzalo Arenas -uno de los autores de la moción-, actualmente es posible tipificar la venta de combustibles líquidos adulterados de modo más concreto en cuanto a la conducta sancionada, y asignarle una sanción de clausura más determinada y más alta.

Asimismo, sostiene que la Ley N° 18.410, que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), no sanciona específicamente la venta de combustibles líquidos adulterados, pero si lo tipifica genéricamente en su artículo 15, junto con otros productos. Allí, se reconoce la infracción como gravísima, grave o leve según el resultado producido.

“Adicionalmente, los artículos 16 y 16 A de dicha ley sancionan esta conducta con penas que van desde amonestación por escrito hasta clausura temporal o definitiva del establecimiento, dependiendo de la gravedad de la conducta, la que a su vez depende del resultado del hecho, acto u omisión” explica el parlamentario por la Araucanía.

Arenas, quien preside la comisión de economía de la cámara, enfatizó en cuanto a la gravedad de la pena, el artículo 16 A de la ley establece que sin perjuicio de las sanciones que establezcan leyes especiales, las infracciones tipificadas por esta ley podrán ser sancionadas como: gravísimas (multa de hasta 10 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA), revocación de autorización o licencia, comiso o clausura, graves: (multa de hasta 5 mil UTA, revocación de autorización o licencia, comiso o clausura y leves (multa de hasta 500 UTA o amonestación por escrito).

La moción, fue derivada a la Comisión de Minería y Energía para su estudio.